AIPE: No defendemos una ONG, defendemos un patrimonio del pueblo boliviano

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La Asociación de Institución de Promoción y Educación (AIPE), emitió en pasados días el siguiente pronunciamiento:

Amparadas en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que hemos apoyado con esfuerzo y aprobado con ferviente entusiasmo, las instituciones que formamos parte de la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación – AIPE, declaramos nuestra solidaridad y acción de defensa del trabajo paciente y persistente de miles de mujeres y hombres, técnicos, profesionales y administradores, pero sobre todo hermanos campesinos, indígenas y originarios que, desde su fundación el 2 de septiembre de 1976, han construido el Instituto Politécnico Tomas Katari – IPTK, cuyo patrimonio y legado hoy son presa de la voracidad política de una mujer que, a pesar de ser parlamentaria y en tal virtud servidora pública, no repara en avasallar sus instalaciones y tomar de rehenes a sus trabajadores, manipulando a dirigentes locales y vulnerando los más elementales derechos de las personas que allí se forman, trabajan y construyen patria, y los mandatos de la propia legislación vigente en todo nuestro amado territorio nacional.

La denuncia del IPTK explica que el día miércoles 8 de enero del 2014 “sus instalaciones ubicadas en la localidad de Ocurí, han sido avasalladas por un grupo minoritario de dirigentes políticos y sindicales de las Sub Centrales Originarias Campesinas de Chairapata y Milluni; a la cabeza de la diputada Emiliana Aiza. Asimismo, funcionarios de la institución, han sido tomados en calidad de rehenes, mientras no se proceda a la transferencia de los bienes patrimoniales de la institución en la localidad de Ocurí”.

No sólo nos indigna, también nos sorprende que una autoridad parlamentaria traicione, incumpla y desprecie, además de la CPE, los Códigos Civil y Penal, y la recientemente aprobada (suponemos que con su presencia) Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras que tiene por objeto “Establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras”.

Al efecto recordamos que: “Para fines de esta Ley, se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales”. (Art. 3).

De igual manera recordamos que esta misma ley incorpora al Código Penal, entre otros, el Artículo 351 bis, que establece que “El que por sí o por terceros, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, invadiere u ocupare de hecho, total o parcialmente, tierras o inmuebles individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado o de las entidades públicas o tierras fiscales, perturbando el ejercicio de la posesión o del derecho propietario, será sancionado con privación de libertad tres (3) a ocho (8) años.”

Así, y puesta en evidencia la acción de una diputada nacional cuya tarea es proponer leyes en vez de romperlas, la misma podrá ser formalmente denunciada  ante la Comisión de Ética de la Asamblea Plurinacional.

En tal virtud, la Red AIPE demanda, con respeto y firmeza, que las autoridades nacionales, departamentales y locales, gestionen, apoyen e impongan la restitución de la legalidad en base a las consideraciones mencionadas, a fin de que el IPTK continúe sus tareas de servicio que desarrolla, desde hace 35 años, en beneficio de la juventud campesina, indígena y originaria de la provincia Chayanta y del resto del País, que se forman como técnicos medios en las carreras de Auxiliar de Enfermería, Agropecuaria, Construcción Civil y Administración Pública Municipal, evitando así que se imponga la arbitrariedad que sólo favorece a intereses muy particulares.

También nos pronunciamos a favor de que se establezca, lo más pronto posible, el diálogo entre todos los interesados a fin de que los objetivos que dieron origen al IPTK no se desnaturalicen ya que estos son el resultado de amplios consensos y visiones compartidas entre y con las organizaciones de base de la región; no por casualidad han egresado cerca de 3.000 técnicos medios jóvenes, mujeres y hombres, de las aulas de esta institución que estuvo para contribuir al desarrollo de una región extremadamente pobre.

Sería un precedente nefasto, en este tiempo en que todos queremos construir una patria nueva, plurinacional, incluyente y equitativa, privar al personal profesional, técnicos, administrativos y beneficiarios del IPTK del derecho a asociarse libremente para fines lícitos y despojarlos de su fuente de trabajo y de profesionalización. Para todos ellos y ellas van nuestra preocupación y solidaridad.

Las instituciones que conformamos la AIPE estaremos de pie apoyando y contribuyendo con nuestros mejores esfuerzos a que se restituyan la ley, los derechos de las personas y el patrimonio del pueblo que pretende ser enajenado injusta e ilegalmente. Creemos en un proceso de cambio que no permitirá que este abuso prospere.

 

Firman:

Las Instituciones Asociadas de la Red de ONG Bolivianas AIPE

Categoría:
  Pronunciamientos Declaraciones
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