Ilustraciones Catalina Vásquez Fuente: El Espectador

La historia de Fátima como de otras de miles de niñas, es el relato de sufrimiento de tener que estar embarazadas de personas que las agredieron sexualmente. El padecimiento no sólo tiene secuelas a nivel físico y psicológico, sino también socialmente se encuentran marcadas de por vida.

Pero no sólo las autoridades fallaron a Fátima como a otras niñas, fue el Estado quien vulneró sus derechos, no brindó atención integral ni protección oportuna a una niña víctima de violación, mucho menos se garantizó sus derechos sexuales ni reproductivos. Tampoco recibió una atención adecuada ni suficiente para la interrupción de su embarazo.

No obstante, tampoco se hizo justicia en relación al agresor, muchos son los casos en que el agresor (sea o no familiar) queda en impunidad, muchos escapan y las niñas y adolescentes al enterarse de ello se sienten desprotegidas y temen por su seguridad.

La historia de Fátima y la de otras niñas de Ecuador, Perú, Nicaragua y Guatemala fue documentada por el informe «Vidas Robadas», un estudio multipaís sobre los efectos en la salud de las maternidades forzadas en niñas de 9-14 años. Ximena Casas quién apoyo en la documentación de estos casos, cuenta que una de las cosas que más le impresionó fue la naturalidad con la que se les habla a las niñas embarazadas como si fueran adultas, a la vez que se les trata como niñas sin capacidad de decisión y autonomía «tenemos metido en el ADN que la maternidad es lo perfecto, sobretodo en el rol latinoamericano, se nos olvida que siguen siendo niñas».

En dicho estudio, se evidencia, qué, aunque los países latinoamericanos tienen legislaciones diferentes, las vulneraciones en las niñas se repiten una y otra vez y no hay respuesta efectiva desde los Estados que las deberían proteger.

Por esta razón, el paado 29 de mayo, Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos, junto a cuatro organizaciones latinoamericanas, realizaron una petición ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidad (ONU), solicitando cambios estructurales en las políticas de la región para que los estados respondan a su obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y les aseguren una vida libre de violencia y discriminación.

Catalina Martínez, directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, explica que se hicieron dos peticiones «que el Comité de Derechos Humanos reconozca la violación a la vida y el trato cruel e inhumano ocurridos en estos cuatro casos y que se garantice el acceso a la interrupción legal, segura y voluntaria del embarazo para niñas sobrevivientes de violencia sexual». Entendido como un servicio de salud necesario para evitar riesgos físicos, mentales y sociales en sus proyectos de vida.

Cuerpos que no están preparados para la maternidad

En los países de bajos y medianos ingresos, los bebés de madres menores de 20 años tienen un riesgo 50% superior de morir en las primeras semanas de vida al de los bebés de mujeres de 20 a 29 años (OMS). Además, en este arduo proceso, las niñas sufren violencia obstétrica, en la que se les culpa de su situación o se les hace más tortuoso el acceso a los chequeos de seguimiento.

El litigio ante la ONU busca que no se sigan repitiendo casos como este, que al igual que la gran mayoría de niñas-madres, sufren vulneraciones en su salud integral. Como medida de reparación se espera que niñas, niños y adolescentes, tengan acceso oportuno a educación sexual, anticoncepción y servicios de atención prenatal para detectar complicaciones tempranas.
Cada año, cerca de 2000 jóvenes de 10 a 24 años mueren por causas relacionadas con la maternidad en la región de las Américas, según la OMS.

La transición a la maternidad durante la niñez también causa depresión, ansiedad y estrés post-traumático porque las niñas no están preparadas para el sexo, el matrimonio ni el embarazo, aún menos si no es consensuado. Así lo explican estudios como Niñas Madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe, realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).

Un problema que tiende a crecer

Se han registrado miles de casos, y al parecer, es un problema que año tras año crece. Son muchos los países que impiden la interrupción del embarazo bajo ningún motivo (Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana, Surinam y Honduras).  Mientras que en Antigua y Barbuda, Dominica, Paraguay, Venezuela y Guatemal sólo lo permiten para salvar la vida de la mujer o la niña. En Brasil, Chile, México y Panamá se permite la interrupción del embarazo también caso de violación.

Pero hay otros contextos con más opciones legales, como el de Uruguay, Cuba, Puerto Rico que no hay restricción alguna para proceder con un aborto o la interrupción del mismo. En México por ejemplo, el aborto está despenalizado hasta la semana 12.

Algunos gobiernos latinoamericanos han intervenido y hecho esfuerzos por avanzar en la creación de planes, programas, leyes. Pero aún, no se evidencia resultados concretos. día tras día no sólo incrementan los casos también la atención que brindan a las niñas es deficiente. Y en muchos casos, son obligadas a ser madres aunque no lo desean ni estén preparadas.

Y esta noticia nos deja con la siguiente pregunta para reflexionar: «¿Las posibles soluciones gubernamentales se centran en las niñas como problema y tratan de cambiar su conducta como solución, sin tener en cuenta el rol de los hombres y los niños en la prevención del embarazo adolescente?»

Fuente: ElEspectador

Categorías:
  Derechos de las Mujeres, Salud Sexual y Reproductiva
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