Violencia infantil: un delito que queda en la impunidad

Por Jhoel Bustillos 3 meses haceSin comentarios
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Mientras que para muchos la vida transcurre en su cotidianidad para otros la violencia es el pan de cada día, pero eso también ya es cotidiano. Más para aquellos que por su propia voz no pueden hacer prevalecer sus derechos, porque su voz no tiene valor.

La violencia contra niños, niñas y adolescentes parte desde agresiones verbales, físicas, abandono, falta de atención, explotación comercial, abuso sexual hasta el infanticidio. Los principales autores de los maltratos son los progenitores y familiares. Las vidas de los menores quedan marcadas por traumas físicos y emocionales incomprensibles.

Un informe de la ONG de protección a la infancia Save the Children de 2017 sobre el perfil de los agresores, indica que un 86% son varones y que un 60% forma parte del entorno conocido del niño o de la niña. “No son monstruos ni enfermos mentales y no es algo que ocurra solo en determinadas capas sociales. Es un fenómeno transversal», dice el director general de esta institución, Andrés Conde.

Una problemática mundial

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño reconoce una vida libre de violencia como derecho humano fundamental de los niños, pero los índices muestran que estamos lejos de que los más pequeños vivan libre de violencia. A escala mundial se calcula que hasta 1000 millones de niños de entre 2 y 17 años fueron víctimas de violencia en el último año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), sustenta que cada diez minutos, en algún lugar del mundo, una niña muere víctima de violencia.

Asimismo, reporto en 2017 que cerca de 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina fueron víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida.

En Bolivia, el Instituto de Investigaciones Forenses realizó 24 autopsias por Infanticidio a escala nacional hasta la fecha, de estos 9 corresponden a La Paz, 5 a Oruro, 4 a Potosí, 3 a Cochabamba, 2 a Santa Cruz y 1 a Chuquisaca.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) reportó 304 casos de violación a menores en lo que va del año, de estos 70 sucedieron durante la cuarentena decretada por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19.

Uno de los casos más alarmantes es el de una bebé de seis meses que fue víctima de violación en la zona 12 de Octubre de El Alto, La Paz.  El agresor aprovechó que la mamá de la menor lavaba ropa en la terraza, ella escuchó gritar a su bebé, bajó corriendo y la encontró sangrando. La bebé continúa hospitalizada debido a lesiones graves en el área genital.

La violencia persiste a pesar de las normas que la sancionan

 El psiquiatra Jesús del Bosque afirmó que la violencia: “es un fenómeno tan antiguo como la propia humanidad”, que persiste ante la falta de atención de los Estados que pese a contar con normativas protectoras de la integridad de los menores no surten efecto para reducir las agresiones.

Desde la Constitución Política del Estado (CPE) se obliga al Estado, la sociedad y la familia priorizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También, el Código Niño Niña Adolescente que tiene la finalidad hacer prevalecer los derechos de los menores.

Además, estos derechos son respaldados por normas internacionales, por ejemplo, el articulado 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño obliga a los Estados asumir medidas de prevención contra la violencia y protección a los niños y niñas fueron sido víctimas o testigos de violaciones.

La OMS considera la violencia contra los menores como un problema de salud pública.  Sin embargo, este compendio de normas parece ser invisibles ante la lacerante realidad de la violencia infantil en el mundo.

La falta de denuncias, llegar a acuerdos al tratarse de familiares y la mora judicial, impiden que casos de violencia infantil sean sancionados, cuando, el Código Penal establece una pena de 30 años de presidio a quien mate a una niña o niño y de 20 a 25 por violación de infante, niño, niña o adolescente.

No se cuentan con cifras oficiales de cuantos agresores fueron penados. Según organizaciones de defensa de los derechos de los niños, solo dos de cada 10 infanticidios, logran sentencia en el país.

Todos los Estados Miembro de las Naciones Unidas con llevan el compromiso de actuar frente la meta 16.2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños”.

Si bien, la presidenta Jeanine Áñez declaró esta gestión: “Año de la Lucha Contra el Feminicidio y el Infanticidio”, deben ahondarse esfuerzos por  dar a conocer cifras claras,   incidir en la prevención y trabajar desde un enfoque multidisciplinario con fondos necesarios, para que, el irrespeto de las normas, el silencio cómplice en el seno familiar y la injustica no callen más las voces de los niños, niñas y adolescentes que quieren gritar el dolor que esconden, y no queden más en la impunidad.

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